El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio inicio este lunes a un encuentro crucial para establecer la "ruta" que permita llevar a cabo las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Este encuentro se realiza tras un fallo reciente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del propio TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, suspendiendo así el proceso electoral en esas regiones.

"Hoy, el TSE abre nuevamente sus puertas a representantes de los órganos del Estado y líderes políticos", expresó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, subrayando la importancia de un diálogo inclusivo que permita delinear un camino para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía boliviana.

El fallo del TCP se originó por un recurso presentado por postulantes inhabilitados durante la fase de evaluación de méritos realizada por la Asamblea Legislativa. Vargas también destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a que se permita a los bolivianos ejercer su derecho al voto. En esa línea, indicó que el presidente del Órgano Electoral, Oscar Hasenteufel, ha reiterado el compromiso de asegurar elecciones limpias, justas y transparentes.

El vocal Tahuichi Tahuichi explicó que el TSE extendió invitaciones a autoridades del Órgano Ejecutivo, a los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, y a los 11 partidos políticos de alcance nacional, así como al presidente del TCP.

Durante el encuentro, el TSE también presentará un proyecto de ley y las medidas que ha implementado para revertir el fallo del TCP, el cual, según Vargas, amenaza con desestabilizar el calendario electoral y comprometer la administración de los procesos electorales.

Vargas cuestionó la sentencia del TCP por vulnerar el principio de preclusión, un principio fundamental que establece que las etapas de los procesos electorales no pueden ser revocadas por ninguna autoridad. Este principio busca generar certidumbre y seguridad jurídica, condiciones que, señaló Vargas, se ven comprometidas con este fallo.

Finalmente, Vargas recordó un antecedente similar en el que un proceso electoral fue anulado, afectando a una cooperativa en Cochabamba, y afirmó que decisiones de este tipo no favorecen la democracia ni aportan certeza al sistema. Desde el TSE, concluyó, existe la obligación de expresar esta postura de manera abierta y sincera.