Pizarro valoró que las movilizaciones de la víspera fueron contundentes, abarcaron todo el país y ayudarán a mantener la presión contra el Gobierno y el Congreso hasta que reconozcan que no tienen legitimidad. Con esta apreciación coincidieron un delegado de la región de Piura, Olivares Gonza Rivera, y la socióloga y exministra de la Mujer durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo, Anahí Durand.

Gonza Rivera consideró que el país se halla ante una situación crítica y explicó que los delegados que vinieron desde la región norteña rechazan el Gobierno de Boluarte y la intervención minera en esa zona. Afirmó que la actual dictadura está imponiendo proyectos extractivistas, que son repudiados por las comunidades por la amenaza a los recursos hídricos y a otras riquezas naturales.

Agregó que las movilizaciones van a continuar y avizoró que serán más fuertes. Dijo que las delegaciones llegadas en días pasados desde todo el país, integradas por más de 13.000 personas, regresarán a sus bases, explicarán lo que ocurrió en Lima y regresarán con fuerzas renovadas.

Por su parte, Durand manifestó que, pese a la represión y la criminalización de la protesta, hubo una contundente movilización en todo el país. Refirió que este miércoles en Lima se movilizaron sectores de clase media, universitarios e incluso sectores liberales que ven con preocupación que el fujimorismo está copando espacios de poder y avasallando la democracia. 

Consideró que otros sectores se han sumado a las protestas a partir del incremento de los precios, la caída del producto interno bruto (PIB) y el incremento de casos de dengue y de síndrome de Guillain-Barré.

A su juicio, en las recientes protestas hay más unidad, organización y mayor conciencia de que se está ante una dictadura que tiene al Congreso y el Poder Judicial a su favor. Precisó que de la primera jornada de lucha hay 1.800 personas judicializadas y cerca de 200 en la cárcel, además de decenas de asesinados.

Consideró que, tras varios meses de lucha, mucha más gente se ha percatado de que no basta con elecciones o cambios cosméticos, y por ello ha ganado fuerza la exigencia de convocar a una asamblea constituyente, de la que emane una Carta Magna que dé cabida a necesidades de las mayorías y no de las élites.