El Senado aprobó una ley que revierte la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la prórroga de mandato. También se aprobó otra ley para suspender los plazos procesales. Estos proyectos fueron sorpresivamente presentados y respaldados mayoritariamente por senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición, antes del debate del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024.

Tras la declaración del TCP que extendió los mandatos de magistrados, el Senado reaccionó con críticas severas y decidió iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Constitucional, argumentando un ataque a la democracia.

La primera ley aprobada por el Senado anula la prórroga del TCP y restablece la fecha de finalización del mandato de los magistrados y consejeros. La segunda ley suspende los plazos procesales en todos los ámbitos judiciales desde el 2 de enero de 2024 hasta la asunción de nuevas autoridades elegidas por voto popular.

Para asegurar la continuidad del sistema judicial, se delegan atribuciones a los Tribunales Departamentales de Justicia y se designa a los secretarios generales del TSJ, TCP, TA y la Magistratura para recibir y custodiar los casos pendientes.

Estas leyes, ahora en manos de la Cámara de Diputados, buscan evitar un vacío de poder en el sistema judicial y la paralización de sus funciones, sin entrar en conflicto con las disposiciones del TCP, según el senador Tórrez.