La suspensión, por «abandono de su trabajo», fue catalogada como «absoluta y abiertamente inconstitucional» debido a que la alta funcionaria fue elegida por el voto de los ecuatorianos y ecuatorianas.

La Jueza constitucional ecuatoriana, Dra. Nubia Vera, notificó este sábado su sentencia, en la que ordena la reintegración de la vicepresidenta constitucional del Ecuador, Verónica Abad, a su cargo con todas las prerrogativas y facultades que le otorga la Constitución.

Vicepresidenta de Ecuador denuncia ser víctima de abuso de poder

La decisión de la suspensión de Abad, quien es también embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, se debió a una demora en un trámite diplomático.

Un dictamen catalogado como «absoluta y abiertamente inconstitucional» debido a que la alta funcionaria fue elegida por el voto de los ecuatorianos y ecuatorianas.

El ministerio de Trabajo anunció su suspensión por «abandono de trabajo» al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía, encuentro previsto para el 1 de septiembre de 2024, y al cual la vicemandataria asistió el día 9 de ese mes.

La corresponsal de teleSUR en el país suramericano, Elena Rodríguez, precisó en su cuenta de X que la sentencia también dispone que se notifique a la Presidencia de la República.

Asimismo, se debe notificar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la presidenta de la Asamblea, a la Contraloría, y al jefe de Seguridad de la Casa Presidencial para que cumplan con esta disposición de reparación integral.

Además, se ha requerido disculpas públicas de la ministra de Trabajo, quien deberá emitirlas en cadena nacional.

En tanto, se ordena el envío de copias certificadas a la Fiscalía para que inicien o continúen las investigaciones contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y otros funcionarios.

Estas órdenes deben cumplirse inmediatamente, bajo pena de incurrir en «incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente» y otras infracciones penales.

La jueza Vera establece un precedente histórico de justicia constitucional, que debería ser respaldado por la Corte Constitucional al resolver sobre la inconstitucionalidad del Decreto 500 y la vigencia del Art. 93 del Código de la Democracia.