Petro: la diferencia
Uno puede pensar lo que quiera del gobierno de Gustavo Petro
– particularmente tengo reservas sobre la capacidad ejecutiva suya y de su
equipo– pero la reacción ante la captura de su hijo Nicolás es un ejemplo de
dignidad personal y de respeto a las instituciones. El presidente Petro acepta
la decisión y no trata de influir en ella cuando afirma: “Como persona y padre
me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la
cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las
garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, y concluye: “como
afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que
el derecho guie libremente el proceso”.
Algunos dicen que el mandatario simplemente está cumpliendo
con lo que ordenan la Constitución y la ley. Es verdad. Sin embargo, su
posición marca una diferencia sustancial con los casos similares en la historia
reciente.
Esa no fue la actitud del entonces presidente Álvaro Uribe
cuando la Corte Suprema de Justicia investigó a su primo Mario Uribe por su
vinculación con grupos paramilitares. Ni cuando su hijo mayor debía responder
por su participación en el reparto de notarías en su gobierno o por el otorgamiento
de una zona franca a una sociedad de sus dos hijos que los hizo
multimillonarios a ellos y al alcalde de Mosquera cuya administración tomó
decisiones indispensables para hacer posible el negocio.
En el primer caso, el entonces presidente Álvaro Uribe llamó
a quien ocupaba la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado
César Julio Valencia, miembro de la Sala Civil, para preguntarle por la
investigación a su primo Mario. Cuando el magistrado hizo pública la abusiva
comunicación, Uribe decidió entablarle un proceso penal en la Comisión de
Investigación de la Cámara de Representantes diciendo que mentía.
Además el DAS, que dependía directamente del presidente,
investigó, sin orden judicial, los bienes del magistrado Valencia y de su abogado
Ramiro Bejarano para ver si encontraban algo para enlodarlos. Un correo
electrónico que hace parte de los expedientes judiciales muestra que la
directora María del Pilar Hurtado recibió reporte sobre estos seguimientos
ilegales.
El segundo caso fue así. La Corte Suprema de Justicia en
desarrollo de la investigación por repartos de notarías durante el gobierno de
Uribe compulsó copias para que la Fiscalía investigara a su hijo, Tomás Uribe,
porque una notaria de Tunja aseguró en una conversación grabada que era cuota
del hijo mayor del entonces presidente. Enfurecido Uribe citó a la prensa en la
Casa de Nariño junto con sus hijos para decir que “bajo la gravedad del
juramento” aseguraba que ellos no habían cometido ninguna falta. Aprovechó el
escenario para atacar al magistrado Yesid Ramírez por atreverse a pedir que se
investigaran los hechos.
Tomás se salió fácil. Bastó que la notaria negara lo que
decía en la grabación asegurando que era solo un chiste. ¿Alguien lo encuentra
gracioso? El magistrado Yesid Ramírez, señalado como el responsable del pequeño
mal rato del príncipe, terminó investigado por la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara.
En el caso de la Zona Franca de los hijos de Uribe, la
Fiscalía nunca averiguó por qué familiares de Álvaro Rozo, el alcalde de
Mosquera, cuya administración hizo posible el fabuloso negocio de los señores
Uribe, compraron, a precio de ganga, terrenos aledaños a la zona franca. Los
señores Uribe, a través de una de sus sociedades, les vendieron las tierras por
la tercera parte de lo que pagaron otros compradores. En un cuaderno encontrado
en el allanamiento a una firma de abogados de Medellín está escrito: “Excluir
la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca
de Occidente”. También dice “Las otras 19 Há para el (alcalde) a nombre de Luis
Rozo y Efraín Fernández”.
El entonces presidente Álvaro Uribe nunca pidió que la
Fiscalía investigara a sus hijos. En esos terrenos vendidos a familiares de
Rozo crece hoy el Parque Industrial Santo Domingo de la empresa Arcast, que
tiene entre sus accionistas al ahora exalcalde Álvaro Rozo y a su hija Yenny.
Como expresidente, Uribe tampoco encontró reprobable el negocio
multimillonario de sus hijos con el alcalde de Mosquera. Es más, Yenny Rozo, la
hija del afortunado, se convirtió el año pasado en senadora por el Centro
Democrático, con patrocinio de Uribe. El expresidente dijo de ella: “Yenny Rozo
representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia,
cumplimiento, estudio, afecto por la comunidad”.
La conducta de Nicolás Petro debe ser investigada
rigurosamente y dentro del debido proceso, su padre el presidente lo está
facilitando. El contraste está a la vista.